HISTORIA - JUICIO FRANQUISTA: EL PROCESO 1001/72

LA TRANSICION(CAPITULO 1): ASESINATO DE CARRERO BLANCO Y EL PROCESO 1001

                                      

Proceso 1001

El proceso 1001/72 del Tribunal de Orden Público tuvo lugar durante la penosa y triste dictadura franquista en España, en el año 1973. Se saldó con la condena a prisión de toda la dirección del sindicato Comisiones Obreras.

Un año antes, el 24 de junio de 1972, la dirección de Comisiones Obreras, sindicato ilegal y principal opositor a la dictadura en el ámbito obrero, fue detenida en el convento de los Oblatos de Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde se encontraba reunida.

Permanecieron encarcelados hasta la celebración del juicio, más de un año después. Este tuvo finalmente lugar los días 20 (jornada que coincidió con el asesinato del presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, lo que originó la suspensión durante unas horas del juicio), 21 y 22 de diciembre de 1973. Los acusados se enfrentaron a la acusación de ser dirigentes de Comisiones Obreras, perteneciendo, por tanto a una organización ilegal por su presunto vínculo con el Partido Comunista de España, lo que sería un claro caso de asociación ilícita. El día 30 de diciembre se anunciaron las condenas, que coincidieron con las peticiones del fiscal y cuya severidad se considera relacionada con el asesinato de Carrero Blanco. Los diez miembros de la dirección, que serían conocidos como los diez de Carabanchel, fueron condenados a prisión. Las penas fueron las siguientes: Marcelino Camacho, 20 años de cárcel; Nicolás Sartorius, 19; Miguel Angel Zamora Antón, 12; Pedro Santiesteban, 12; Eduardo Saborido, 20; Francisco García Salve (sacerdote obrero), 19; Luis Fernández, 12; Francisco Acosta, 12; Juan Muñiz Zapico Juanín, 18; y Fernando Soto Martín, 17.

Un año después, el Tribunal Supremo revisó las penas, rebajándolas considerablemente: Marcelino Camacho a 6; Nicolás Sartorius a 5; Miguel Angel Zamora Antón a 2; Pedro Santiesteban a 2; Eduardo Saborido a 5; Francisco García Salve a 5; Luis Fernández a 2; Francisco Acosta a 2; Juan Muñiz Zapico a 4 y Fernando Soto Martín a 4 años de cárcel.

El 20 de diciembre estaba previsto el “Juicio 1001” contra los líderes de Comisiones Obreras. El PCE, con apoyo de la izquierda europea, llevaba meses volcado en una campaña de propaganda y protesta dentro y fuera de España, y, aunque no se pedían penas de muerte, esperaba convertirlo en un nuevo “proceso de Burgos”. El 12 de diciembre se había intentado una “jornada de lucha” por los encausados, a base de huelgas y manifestaciones, que había fracasado casi por completo. Pero la mañana en que debía comenzar el juicio, el coche de Carrero, con el chófer y un policía de escolta, fue volado por una tremenda explosión, en la que murieron los tres. Carrero, como la mayoría de los "políticos" entonces, era muy vulnerable, por seguir una rutina en sus movimientos y contar con protección escasa. La espectacularidad y alcance del atentado, la cercanía de la citada embajada o el hecho de que Carrero hubiera hablado el día anterior con Henry Kissinger, secretario de Estado useño, han motivado multitud de especulaciones sobre la autoría “real” del magnicidio, achacado a veces a la CIA. En realidad, la ETA pudo haberlo realizado sin ayudas excepcionales, y sus explicaciones sobre el mismo parecen suficientes. En la preparación estuvieron mezclados miembros del PCE, aunque es difícil que lo hicieran por órdenes de la dirección comunista, ya que esta centraba toda su acción en el Proceso 1001.

El magnicidio creó gran nerviosismo. Al conocerlo, los procesados del Juicio 1001 temieron ser linchados, pero la policía garantizó su seguridad. En cambio serían condenados a penas desusadamente altas, de veinte años para el principal de ellos, Marcelino Camacho, aunque pronto se reducirían a entre un sexto y menos de un tercio.  Aunque después se crearía la leyenda de que mucha gente había brindado por el asesinato y se habían agotado las reservas de champán en las tiendas, la realidad fue muy otra.(por desgracia) El PCE se apresuró a declarar su absoluta ajenidad al caso y la oposición estaba angustiada ante la posibilidad, nada irreal, de que el régimen la desarticulase al estilo de los años 40 en una involución política, no difícil, pues la policía conocía a la mayoría de los opositores, entre quienes tenía confidentes. De hecho hubo una reacción semejante cuando el general Iniesta Cano, director general de la Guardia Civil, ordenó a esta proceder sin ningún género de contemplaciones. Pero la orden fue revocada por Fernández Miranda y se impuso enseguida la "normalidad".