HISTORIA - GUANTANAMO

                                  
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Centro de detención de Guantánamo

Prisioneros en el campo de detención de Guantánamo.

El campo de detención de Guantánamo es un campo de concentración de alta seguridad situado en una base naval que Estados Unidos tiene en la bahía de Guantánamo, Cuba. Desde 2002, las autoridades estadounidenses la han usado como centro de detención para detenidos acusados de terrorismo, la mayoría de ellos detenidos en Afganistán durante la invasión de este país que siguió a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Guantánamo es sólo una parte del sistema de campos de detención que mantiene Estados Unidos en el exterior, y que incluye otros campos en Irak y Afganistán. Decenas de detenidos han sido llevados a Guantánamo desde otros centros de detención secretos de la CIA.

Historia

 Base militar

Vista general de la base naval de Guantánamo.

La base fue instalada en Cuba por Estados Unidos a principios del siglo XX durante la ocupación militar que sucedió a la derrota española en la Guerra Hispano-estadounidense gracias a un acuerdo firmado entre los dos países, acuerdo que actualmente Cuba rechaza alegando que fue firmado bajo presión.

 Campo de concentración

Fue acondicionada como campo de concentración tras la invasión de Afganistán, a finales de 2001. Dos días después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución por la que se otorgaba al presidente George W. Bush una autorización sin precedentes para emplear la fuerza contra "naciones, organizaciones e individuos" que, según su criterio, estuviesen relacionados en cualquier modo con los atentados o con actos futuros de terrorismo internacional.

El 17 de septiembre, el presidente Bush firmó un memorando en el que autorizaba a la CIA a instalar centros de detención fuera del territorio de Estados Unidos. Este documento tiene carácter secreto.

En noviembre de 2001, George W. Bush firmó una orden ejecutiva en materia militar sobre "Detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo", por la que autorizó al Pentágono a mantener a ciudadanos no estadounidenses bajo custodia indefinida sin cargos. Los 20 primeros prisioneros llegaron el 11 de enero de 2002.

 

Un cierre bloqueado

El propio ex Presidente, George W. Bush, expresó en diversas ocasiones durante 2008 "su deseo de cerrar Guantánamo", al tiempo que han aducido razones "legales y prácticas" para no poder hacerlo todavía, incluyendo los procesos que aún no habían concluido o que seguían pendientes, o la negativa de muchos países a aceptar de vuelta a los detenidos.

Durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2008, los dos principales candidatos, el demócrata Barack Obama y el republicano John McCain, se comprometiron a cerrar el campo de concentración si llegaban al poder.

En la jura como Presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 2009, Obama anunció la orden del cese temporal del Campo de Concentración, lo que hizo efectivo al día siguiente mediante una instrucción a los fiscales para que durante 120 días se paralizase la actividad de los tribunales de guerra mientras la nueva administración estadounidense revisaba el proceso. El 22 de enero, decretó el cierre del campo en el plazo de un año, junto a dos órdenes ejecutivas que ordenaban la revisión de los juicios de los acusados de delitos terroristas y la expresa prohibición de métodos de interrogatorio equiparables a la tortura.

No obstante, por dos ocasiones, en 2009 y 2010, el Congreso de los Estados Unidos prohibió el uso de fondos públicos para el traslado de los presos de Guantánamo a cualquier otro territorio del país, en especial después de las elecciones parciales en las que los republicanos se situaron con mayoría en el Congreso, lo que hizo inviable el cierre del centro. También se trató de juzgar en el territorio estadounidense a algún detenido, como el caso de Ahmed Ghailiani, pero fue absuelto de 284 de los 285 cargos con que la fiscalía lo había acusado, siendo exonerado del principal delito de terrorismo. Este caso, primero y único de juicio civil a un preso de Guatánamo, paralizó cualquier otro intento. Tras el veto del Congreso al traslado de presos por segunda vez, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, partidario de un juicio civil a los cinco principales detenidos de Guantánamo, entre ellos Jaled Sheij Mohammed, acusado de ser uno de los cerebros de los atentados del 11 de septiembre de 2001, hubo de renunciar a dicho juicio y fijó los cargos para que fuera juzgado por una comisión militar en Guantánamo.

Al mismo tiempo, varios presos fueron trasladados a dieciséis países que los acogieron tras un acuerdo con Estados Unidos, pero su número fue escaso, en torno a 67, y no estuvo exento de complicaciones ya que varios países se negaron a acoger a sus propios nacionales detenidos, otros como Kuwait pidieron que se les "liberara" en alguna zona de conflicto como Afganistán donde correrían riesgo de morir, o dinero (Yemen, Kiribati), o que se les implantarse un chip para seguirlos como se hace con los ·"caballos y halcones" (Arabia Saudí).

Descripción física

Campo Delta.

Situada junto a la bahía de Guantánamo, a 920 kilómetros al sureste de La Habana, tiene 117,6 kilómetros cuadrados, de los que sólo 49,4 son de tierra firme, y una línea costera de 17,5 kilómetros. Está cercada por una alambrada electrificada de tres metros de altura. Tiene una dotación permanente de 435 marines que conviven con otros militares y civiles estadounidenses. La población total se cifra en unas 8.500 personas.

Los prisioneros están distribuidos en cuatro campos rodeados de alambradas de malla metálica, donde pasan las 24 horas del día. Cada bloque tiene un total de 48 celdas. Tienen algo de intimidad y se les permite realizar media hora de ejercicio diario -a algunos sólo tres días a la semana- en un campo de deportes que mide 7,6 por 9,1 metros.

Reciben visitas de la Cruz Roja, organización que se encarga también de llevarles las cartas de sus familias. Oficiales estadounidenses inspeccionan el contenido de toda la correspondencia. Los prisioneros no pueden recibir visitas de sus familiares ni se les permitía, hasta el pasado mes de marzo, hablar con ellos por teléfono de forma regular. Las luces de los pasillos y las instalaciones están encendidas noche y día.

Amnistía Internacional calcula que el 80% de los detenidos están recluidos en régimen de aislamiento en el Campo 5, el Campo 6 o el Campo llamado "Eco". El Campo 6 se construyó para albergar a 178 detenidos. Es la instalación donde las condiciones son más severas. Los detenidos están confinados durante un mínimo de 22 horas al día en celdas individuales de acero sin ventanas al exterior.

 Detenidos

Situación legal

Estados Unidos los considera "combatientes enemigos ilegales" -la mayoría están acusados de pertenecer a los talibán o a Al Qaeda, y no prisioneros de guerra, por lo que entiende que no tiene por qué aplicarles la Convención de Ginebra y, por tanto, que puede retenerlos indefinidamente sin juicio y sin derecho a la representación de un abogado, algo que ha sido criticado por gobiernos y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo.

Estados Unidos admitió posteriormente que, salvo los miembros de Al Qaeda, el resto de los prisioneros sí estarían amparados por las convenciones internacionales. Algunos juristas consideran que la situación se encuentra en un "vacío legal".

 Posición de la justicia estadounidense

La primera decisión judicial fue tomada el 31 de julio de 2002. La juez federal de Columbia, Colleen Kollar-Kotelly, determinó que el sistema legal estadounidense carecía de jurisdicción sobre personas retenidas en Guantánamo. Este fallo fue ratificado en marzo de 2003 por otro juez federal.

En junio de 2004, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, dictaminó que "los tribunales de Estados Unidos tienen la jurisdicción requerida para disputar la legalidad de la detención de ciudadanos extranjeros capturados en el extranjero en actividades hostiles y encarcelados en la bahía de Guantánamo" y falló que tres prisioneros que habían invocado su derecho a ser juzgados podían llevar su caso ante tribunales civiles.

No obstante, la mayoría de jueces federales, en cuyas manos está cómo aplicar la doctrina marcada por el Supremo, secundó las tesis de la Administración de que es posible retener a los "combatientes extranjeros" indefinidamente, sin presentar cargos contra ellos o someterles a juicio.

En 2006, el Supremo volvió a atacar la estrategia del Pentágono, señalando que organizar tribunales militares para prisioneros de guerra extranjeros "viola el Código de Justicia Militar y la Convención de Ginebra", y que, además, no está recogido en norma alguna. El Congreso, de mayoría republicana en aquel momento, reaccionó aprobando una ley en la que se daba cobertura expresamente a estos tribunales militares.

Interrogatorio a Omar Khadr por las fuerzas canadienses.

Desesperación de Khadr durante el interrogatorio.

 Características de los detenidos

Hasta 2008 habían pasado por el centro alrededor de 800 prisioneros de 42 países, la gran mayoría afganos y pakistaníes. Este número fue descendiendo paulatinamente desde 2003, al ser devueltos cerca de medio millar a sus países de origen, la mayoría a Afganistán y Pakistán, pero también a muchos países europeos (España, Francia, Reino Unido, Rusia, Suecia, Turquía y Bélgica) y a otros como Arabia Saudita, Australia, Baréin, Bangladesh, Egipto, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Libia, Maldivas, Marruecos, Mauritania, Sudán, Tayikistán, Uganda y Yemen. En septiembre de 2008 quedaban alrededor de 250.

Según Amnistía Internacional, hasta 17 de los detenidos en la prisión eran menores de edad cuando fueron puestos bajo custodia, años después Estados Unidos admitió que habían retenido a 12 menores, uno de ellos se suicidó. Un estudio de esta misma organización, efectuado a cerca de 500 detenidos, indica que sólo el 5% de los prisioneros habían sido capturados originalmente por fuerzas estadounidenses. El 86% habían sido arrestados por fuerzas pakistaníes o de combatientes en Afganistán, y frecuentemente entregados a Estados Unidos a cambio de recompensas.

De 2003 a 2011 habían muerto siete prisioneros en Guantánamo, de los que tres de ellos se suicidaron en junio de 2006 ahorcándose con las sábanas de sus camas, otros dos se suicidaron en 2007 y 2009, uno murió de cáncer y el último falleció de repente en febrero de 2011. Pese a estar bajo custodia, no se les practicó ninguna autopsia.

 Condiciones

 

Estados Unidos afirma que los detenidos reciben un "trato humanitario". No obstante, el hecho de que no se encuentren en suelo estadounidense -las autoridades no consideran la base de Guantánamo como parte del país- hace que no disfruten de los derechos que otorga la constitución de Estados Unidos a los detenidos, entre ellos, la presunción de inocencia o el derecho a un juicio con jurado.

Con respecto a las condiciones del centro de detención, la administración estadounidense niega que se practique la tortura, insiste en que se trata de "una instalación modelo", y recuerda que ha sido visitada por más de 2.000 periodistas de 400 medios de comunicación de todo el mundo.

Informes de Naciones Unidas señalan que existen evidencias de que algunos detenidos han sido torturados y denuncian alimentaciones forzosas a prisioneros en huelga de hambre -docenas de ellos protestaron de este modo en 2006- e interrogatorios llevados a cabo tras confinamientos solitarios prolongados o en condiciones extremas de temperatura, luz y ruido. Otros tratos vejatorios han sido denunciados por organizaciones como Amnistía Internacional.

A finales de 2004, un informe de la Cruz Roja Internacional y la filtración de memorandos del FBI reconocían el uso en la base de tácticas de coerción psicológica y física equivalentes a torturas, hechos que fueron reconocidos en una investigación militar y en junio de 2005 por el Departamento de Defensa.

Según Amnistía Internacional, 14 detenidos fueron trasladados a Guantánamo en septiembre de 2006 tras permanecer recluidos en régimen de incomunicación bajo custodia secreta de la CIA durante periodos de hasta 4 años y medio.

 Organización judicial

Los juicios a los presos de Guantánamo son llevados a término por tribunales militares creados en la propia base al amparo del acta de poderes especiales de 2006. Están formados por entre cinco y doce oficiales de las fuerzas armadas estadounidenses. Un juez militar calificado preside la sesión. Para lograr una condena, al menos dos tercios de los miembros tienen que estar a favor, pero si se trata de una sentencia de muerte -que puede solicitarse si llega a probarse que alguien murió por culpa del acusado-, la decisión tiene que ser unánime y ratificada en última instancia por el presidente de los Estados Unidos.

Los juicios ante estos tribunales militares comenzaron en junio de 2008 con el proceso a Jalid Sheik Mohammed, acusado de ser el cerebro de los ataques del 11 de septiembre de 2001, quien, junto a otros cuatro acusados, se enfrenta a cargos que incluyen 2.973 acusaciones por asesinato -uno por cada persona que murió en los atentados-.

El relator especial de la ONU sobre Ejecuciones Arbitrarias, Sumarias y Extrajudiciales, Philip Alston, exigió a Estados Unidos que suspendiera los juicios militares en Guantánamo, señalando que los procesos "no cumplen en absoluto las normas internacionales".

De los cerca de 250 detenidos que siguen en Guantánamo, entre 60 y 80 enfrentan tribunales militares especiales, y alrededor de 60 están en proceso de ser devueltos a sus países. El futuro de los otros 115 es incierto, porque no existe evidencia suficiente para acusarlos pero son considerados demasiado peligrosos por Estados Unidos para quedar en libertad.

 Estados Unidos

Absuelven al tanzano, Ahmed Jalfan Ghailani, por un tribunal civil de terrorismo aunque sí fue considerado responsable de conspirar para destruir propiedades estadounidenses con explosivos.

 Reino Unido

En noviembre de 2010 el Gobierno del Reino Unido presidido por David Cameron acuerda indemnizar a los sospechos terroristas que amenazaron con denunciar a los servicios secretos de seguridad británicos por posibles torturas. Así se pretende evitar un juicio que sacaría a la luz informes secretos que dañarían el prestigio de este colectivo.